Marruecos ha dado un nuevo paso en su estrategia de consolidar su presencia ilegal en el Sáhara Occidental ocupado con la licitación de las primeras 1.090 hectáreas de un macroproyecto agrícola que forma parte del plan Generation Green 2020-2030. La iniciativa se desarrollará en la región ocupada de Dajla (antigua Villa Cisneros), un territorio que la ONU considera un territorio no autónomo pendiente de descolonización y sobre el que no reconoce la soberanía marroquí.
El proyecto contempla el desarrollo de 5.000 hectáreas de cultivos bajo invernadero, abastecidas por una planta desaladora y un parque eólico, con una inversión estimada en 170 millones de euros.
Una estrategia para reforzar el control económico del territorio ocupado
La Agencia para el Desarrollo Agrícola (ADA) de Marruecos ha abierto el proceso de licitación de 35 parcelas agrícolas distribuidas en diferentes categorías de superficie en Dajla ocupado.
Tres grandes explotaciones suman más de 565 hectáreas, otras tres rondan las 170 hectáreas, mientras que el resto completa las 1.090 hectáreas incluidas en esta primera fase.
Los contratos prevén concesiones de larga duración, de entre 25 y 40 años, con alquileres anuales que oscilan entre aproximadamente 640 y 4.250 euros, dependiendo de la superficie adjudicada. Además, los pliegos establecen revisiones del precio del 10% cada cinco años una vez entre en funcionamiento el sistema de riego.
El Sáhara Occidental sigue siendo un territorio pendiente de descolonización
La puesta en marcha de este proyecto vuelve a situar el foco sobre el estatus jurídico del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos.
Las Naciones Unidas siguen considerando el Sáhara Occidental como un territorio no autónomo pendiente de descolonización, cuyo proceso de autodeterminación aún no ha concluido por los obstáculos de Marruecos. La organización no reconoce la soberanía de Marruecos sobre el territorio ocupado y mantiene que su estatus definitivo debe resolverse mediante un proceso político conforme al derecho internacional y al principio de libre determinación del pueblo saharaui.
Diversas resoluciones de la ONU y la doctrina de Naciones Unidas sostienen que la explotación de los recursos naturales de un territorio no autónomo debe realizarse en beneficio de su población y con su consentimiento, algo que Marruecos incumple sistemáticamente.
La Justicia europea también ha anulado los acuerdos sobre el Sáhara Occidental
La explotación económica del territorio ocupado continúa siendo objeto de controversia jurídica en la Unión Europea.
En los últimos años, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado varias sentencias en las que ha diferenciado jurídicamente el Sáhara Occidental ocupado de Marruecos, al considerar que ambos constituyen territorios distintos y separados según el derecho internacional.
Estas resoluciones obligaron a las instituciones europeas a revisar el marco jurídico de determinados acuerdos comerciales y pesqueros suscritos con Marruecos cuando afectan al territorio saharaui ocupado.
La licitación coincide con un momento clave en las relaciones entre Marruecos y la UE
El plazo para presentar ofertas permanecerá abierto hasta el 31 de agosto de 2026, una fecha que coincide prácticamente con el primer aniversario del acuerdo alcanzado entre el Consejo de la Unión Europea y Marruecos para adaptar determinados aspectos de su relación comercial tras las sentencias del TJUE.
No obstante, dicho acuerdo todavía no ha completado su tramitación, ya que continúa pendiente de la aprobación definitiva por parte del Parlamento Europeo.
Un proyecto que vuelve a reabrir el debate sobre la ocupación del Sáhara Occidental
La nueva expansión agrícola impulsada por el ocupante marroquí vuelve a alimentar el debate sobre la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental ocupado, un territorio cuyo estatus internacional continúa sin resolverse.
Mientras Rabat presenta estos proyectos como parte de su estrategia de desarrollo económico al territorio ocupado, el Frente Polisario y numerosos expertos en derecho internacional sostienen que la explotación de los recursos del territorio sin el consentimiento del pueblo saharaui vulnera el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas, al tratarse de un territorio pendiente de descolonización cuya soberanía permanece sin determinar.