La Comisión Europea ha admitido a trámite la denuncia presentada por Iustitia Europa para investigar la grave crisis registrada en la frontera de Ceuta y determinar si Marruecos utilizó deliberadamente los flujos migratorios como mecanismo de coerción contra España.
La admisión no significa que Bruselas haya probado ya la responsabilidad del régimen marroquí, pero supone la incorporación formal de la denuncia al procedimiento europeo de examen. El escrito reclama esclarecer cómo decenas de miles de personas pudieron desplazarse desde territorio marroquí y cruzar la frontera en un periodo muy reducido sin que actuaran los dispositivos de seguridad del país vecino.
La denuncia fue presentada el pasado 4 de agosto ante la Comisión Europea, el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo. Su finalidad es investigar las posibles responsabilidades derivadas de la utilización de la inmigración para presionar a un Estado miembro.
Según Iustitia Europa, los hechos no pueden explicarse únicamente como un movimiento migratorio espontáneo. La formación sostiene que la magnitud de la entrada y la desaparición repentina de los controles marroquíes apuntan a una operación permitida o tolerada desde Marruecos.
La inmigración como arma de presión
La acusación pone el foco en una práctica que España ya ha sufrido en otras ocasiones: la apertura o relajación de la frontera marroquí coincidiendo con momentos de tensión diplomática.
El precedente más conocido ocurrió en mayo de 2021, cuando entre 8.000 y 10.000 personas entraron en Ceuta después de que el Gobierno español permitiera la hospitalización del dirigente saharaui Brahim Ghali. Marruecos expresó entonces públicamente su malestar con España y redujo de manera evidente la vigilancia fronteriza.
Cinco años después, la historia parece repetirse a una escala todavía mayor. La denuncia habla de cerca de 70.000 entradas desde territorio marroquí y sostiene que un movimiento de esas dimensiones difícilmente podría producirse sin conocimiento de las autoridades del reino.
Este comportamiento dibuja la imagen de un régimen que utiliza la cooperación migratoria como una llave que abre y cierra dependiendo de las concesiones políticas que recibe de Madrid. Cuando las relaciones son favorables, Rabat se presenta como socio imprescindible de España y de la Unión Europea. Cuando quiere obtener ventajas diplomáticas, económicas o territoriales, la presión vuelve a concentrarse sobre Ceuta, Melilla o Canarias.
La consecuencia es una relación profundamente desequilibrada: España aporta financiación, cooperación policial, apoyo europeo y concesiones políticas, mientras Marruecos conserva la capacidad de activar la presión fronteriza cuando considera que sus intereses no están suficientemente atendidos.
La Audiencia Nacional también investiga
El asunto no se limita a las instituciones europeas. La Audiencia Nacional abrió diligencias previas para investigar si la entrada masiva respondió a una actuación concertada.
La magistrada María Tardón solicitó información a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y preguntó a la Jefatura de Información de la Guardia Civil si las autoridades españolas habían recibido alertas antes de la crisis.
Iustitia Europa también ha llevado el caso ante la Corte Penal Internacional y ha pedido que se estudie la posible responsabilidad individual del rey Mohamed VI, del primer ministro marroquí y de otros responsables que pudieran haber intervenido en los hechos. Por ahora se trata de acusaciones pendientes de investigación y no de responsabilidades judicialmente declaradas.
Marruecos utiliza también a sus propios ciudadanos
Uno de los aspectos más graves de esta estrategia es que las primeras víctimas son las propias personas empujadas hacia la frontera.
Miles de jóvenes, familias y menores son utilizados como masa de presión política. Muchos cruzan engañados por mensajes difundidos en las redes sociales o confiando en que la ausencia de controles les permitirá llegar a Europa. Algunos arriesgan la vida en el mar o quedan atrapados en una crisis humanitaria que desborda a Ceuta.
Por eso, denunciar el comportamiento del régimen marroquí no significa atacar a los ciudadanos marroquíes. Al contrario: supone señalar a unas autoridades acusadas de utilizar la desesperación de su propia población como moneda de cambio en sus relaciones con España.
Bruselas debe decidir si protege sus fronteras
La frontera de Ceuta no es solamente una frontera española. También constituye una frontera exterior de la Unión Europea. Si se demuestra que fue abierta deliberadamente para presionar a España, la respuesta no puede limitarse a nuevas ayudas económicas para Marruecos.
La Unión Europea deberá decidir si continúa financiando a un socio que puede convertir la inmigración en un instrumento de chantaje o si establece consecuencias políticas y económicas para impedir que esta estrategia vuelva a repetirse.
La admisión de la denuncia abre por primera vez una vía europea para examinar unas acusaciones de enorme gravedad. España necesita cooperación con Marruecos, pero cooperar no puede significar aceptar amenazas permanentes ni permitir que Rabat utilice las fronteras, la inmigración y el sufrimiento humano para imponer sus condiciones.
Fuentes: información sobre la admisión de la denuncia y comunicado de Iustitia Europa.